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  Por Mundos Alternos T.V. Patricia Navidad expone al Nuevo Orden Mundial La agenda(N.O.M)El cambio climático es uno de los puntos más fuertes para manipularnos el cual es mentira y si fuera “verdad”no es”culpa”del hombre, sino debido a sus experimentos nucleares, químicos y su arma HAARP con la que provocan destrucción como terremotos, huracanes, etc. https://t.co/sieU5D4gvh — Patricia […] | Leer >
  

• María Teresa Toral, la química antifascista con una vida de película

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• Los 300 millones donados por Amancio Ortega son la mitad de los eludidos en impuestos por Inditex en cuatro años

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• Guardia Nacional es un brazo armado de control y sometimiento político: especialista en seguridad de la IBERO

  La Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se apuntala como un brazo armado de control y sometimiento político, advirtió el Mtro. Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

  Durante su participación en la ‘Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil’, organizada por la IBERO y organizaciones defensoras de los derechos humanos, señaló que en México, ante amenazas internas severas, los gobernantes civiles ofrecen y permiten mayor autonomía y privilegios castrenses, a cambio de lealtad política por parte de los militares, “no hay sorpresa después del 1 de diciembre pasado”, dijo. 

  En ese sentido, el especialista en seguridad mencionó que la Guardia Nacional nace, en términos sociales y políticos, como una semilla de riesgo autoritario y de usos represivos.

  Recordó que la experiencia histórica comparada de las transiciones democráticas y de cambio de régimen demuestra que se paga un precio muy alto cuando se involucra a los militares en las batallas políticas de los gobiernos o cuando se impone un compromiso ideológico partidista. 

  “La coherencia interna, la eficiencia y disciplina militares simplemente se degradan y deterioran, dejando de lado su funcionalidad de defensa para convertirse en el garrote del régimen”, aseguró durante el evento en el que también participan el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ONU-DH y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

  El académico señaló que este cuerpo de seguridad, desde la perspectiva integral de las relaciones civiles-militares, se trata de un error estratégico del gobierno y representa un grave riesgo para la viabilidad democrática. 

  Añadió que es una decisión que resulta de la presión de los tecnócratas de la seguridad, de militares y civiles que han usufructuado las crisis de violencia desde hace tres sexenios sin resolverla, y en la que se les recompensa cada vez más pese a su fracaso. Crear la Guardia Nacional como una nueva relación político-militar entre el gobierno de AMLO, su partido y las cúpulas castrenses. 

  Denunció que las Fuerzas Armadas no están plenamente sometidas al poder civil con transparencia y rendición de cuentas de cara a la sociedad. Añadió que el proceso legislativo de las llamadas leyes secundarias son la viva expresión de esta particular traición de una izquierda hecha gobierno.

  “Estamos ante un escenario inédito: los militares se han mimetizado con el poder civil en la medida que han obtenido y ampliado prerrogativas y privilegios de carácter político leal, presupuestal; ademas de un claro esquema de impunidad ante la comisión de violaciones graves y comprobadas a los derechos humanos”, señaló.

  Finalmente, el investigador aseguró que pese a que la Guardia Nacional es constitucional y será legal, no será una institución legítima de seguridad de Estado, ya que representa una condena a las nuevas generaciones a seguir contando cadáveres, desparecidos y de padecer constantes violaciones a los derechos humanos. “La izquierda mexicana en el poder se traiciona a sí misma y al país”.

  Este material se comparte con autorización de la IBERO

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• Guardia Nacional podría desencadenar militarismo en México: investigadora

  Foto: Cuartoscuro

  La implementación de la Guardia Nacional podría desencadenar militarismo en México, por lo que la investigadora de Causa en Común, Daira Arana, señaló la importancia de analizar la injerencia que tienen las élites militares en la toma de decisiones políticas en este país, así como su participación en temas como la construcción del aeropuerto y la entrega de ayudas sociales, por ejemplo.  

  Sin embargo, expresó que sería precipitado decir que en México estamos viviendo un militarismo como el sufrido en Sudamérica, a pocos meses de haber arrancado el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

  “Es un proceso bastante complejo que lleva bastante tiempo de construcción, pero no hay que olvidar qué tantas atribuciones le estamos dando a las Fuerzas Armadas”, señaló la especialista al participar en la ‘Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: la vía civil’, organizada por la IBERO y grupos defensores de los derechos humanos.

  Arana reflexionó sobre la diferencia que existe entre la militarización y el militarismo. El primero es un proceso en el cual diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares. Es decir, observa los problemas desde una perspectiva de amenaza o enemigo y traslada las dinámicas bélicas a la solución de los mismos.

  Mientras que el militarismo tiene que ver con la participación de las élites militares en la toma de decisiones políticas y públicas en un Estado. “Entonces, la Guardia Nacional puede representar una continuidad en la militarización de la seguridad pública. Es decir, seguir entendiendo los problemas a partir de amenazas y querer todo el tiempo combatirlo. Se sigue privilegiando el uso de la fuerza y los enfrentamientos sobre otras formas de solucionar los conflictos”.   

  En ese sentido, aseveró que la ventaja de lo civil sobre lo militar radica en la construcción de instituciones en un Estado a partir de la ciudadanía.

  Voluntad de quien gobierna, por encima del régimen jurídico: ONU-DH

  Por su parte Alan García Campos, coordinador de la Unidad Jurídica y de Análisis  de la ONU-DH interpretó en siete puntos la creación de la Guardia Nacional a la luz de la evidencia acumulada respecto a la intervención militar:

  1. La Guardia Nacional es un resultado que entroniza al más alto nivel constitucional, político, social y cultural la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En este sentido, se trata de la elevación de lo que la evidencia ha anticipado desde hace años: la colonización expansiva y ascendente del componente militar a expensas del componente civil en temas de seguridad.
  2. En tanto consecuencia de la declaratoria de invalidez constitucional de la Ley de Seguridad Interior, decretada por la Suprema Corte de la Nación, la Guardia Nacional es la constatación de que si hay un orden de Estado inconstitucional no es éste el que hay que ajustar, sino la constitución.
  3. Derivada de una reforma constitucional, es la culminación de un proceso que recupera una exigencia de las Fuerzas Armadas de contar con un marco regulatorio que reconociera su papel en tareas de seguridad pública. La evidencia mostraba esta exigencia que ha tenido receptividad al más alto nivel jurídico.
  4. En tanto a entidad que existe desde antes de que entrara en vigor, la reforma constitucional y de la expedición de la ley secundaria, es la confirmación de que en materia de seguridad, la política y la voluntad de quien gobierna está por encima del régimen jurídico.
  5. La Guardia Nacional, en tanto entidad que se define como civil, pero que se compone como cívico-militar por una hegemonía de lo militar, es la confirmación de que en materia de seguridad la ‘antonimia’ ha sido importante dentro del entorno en el que se ha desarrollado la discusión pública, política y constitucional.
  6. En tanto apuesta principal de la estrategia de seguridad, es la constatación de que en la búsqueda de las respuestas se renuncie a la integralidad y se aspire a la identificación de un atajo que permita proveer respuestas frente a lo que sabemos supone un trabajo sostenido y persistente.
  7. Como entidad hibrida con claro predominio de lo castrense sobre lo civil, es una manifestación que navega contrario a la evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad ha contribuido al incremento de la violencia, al aumento en cantidad y gravedad a las violaciones de derechos humanos, al adormecimiento de las acciones tendientes a fortalecer a las corporaciones civiles, a la opacidad parlamentaria y a la usencia en la rendición de cuentas.

  Este material se comparte con autorización de la IBERO

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• Eva Solla e Vanessa Angustia arroupan a candidatura de Podemos-EU Son En Común en Pontevedra para poñer en práctica medidas sociais por e para a cidadanía

  Eva Solla, coordinadora nacional de Esquerda Unida e vicepresidenta do Parlamento de Galicia e Vanessa Angustia, candidata de Unidas Podemos Cambiar Europa estiveron esta tarde en Pontevedra para arroupar a candidatura de Podemos-EU Son En Común Pontevedra e ao seu cabeza de lista, José Ramón Otero, nun acto no que tamén estivo Antón Gómez-Reino, secretario […]

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• Crimen de tres niños y un joven: las falsedades de la Bonaerense y la violencia como sistema

  La masacre de San Miguel del Monte, donde murieron tres niños y un joven (22, 14 y 13 años) y otra chica (13) pelea por su vida, revela el carácter sistémico de la represión estatal de la Policía Bonaerense, que bajo la gestión Cambiemos presenta el 51 por ciento de los casos de muerte en por violencia policial en todo el país. “Todo lo que dijo la policía es falso”, explicó en diálogo con lavaca, la abogada María del Carmen Verdú.  Brinda detalles: el acta de procedimiento es falsa porque está probado que no hubo situación de fuga; las cámaras de seguridad muestran a un policía medio cuerpo afuera del auto disparando, y luego del choque hicieron un acta donde consignan que había sido un “accidente de tránsito”.  Los datos para comprender un problema sistémico que no fue ni un error ni un exceso.

  “No sé de dónde saqué fuerzas y pedí entrar a la morgue. Lo reconocí por sus piecitos”. Eso dijo Susana, mamá de Gastón Domínguez, 14 años, uno de los cuatro asesinados en la masacre de San Miguel del Monte, en un nuevo hecho policial en el que la violencia y la impunidad adquieren ribetes que es casi imposible poner en palabras.

  Gastón viajaba en un Fiat 147 que manejaba Aníbal Suárez, de 22 años, junto a Camila López, Danilo Sansone y Rocío Guagliello, de 13, el lunes a la madrugada, cuando fueron baleados sin motivo en una persecución cometida por dos patrulleros de la Policía Bonaerense. La situación provocó que el auto chocara contra un camión detenido en el kilómetro 11 de la colectora 9 de Julio, a la entrada de la Ruta 3. El Fiat quedó destruido, dividido en dos partes separadas a 50 metros una de la otra.

  Gastón, Aníbal, Camila y Danilo murieron. La mamá de Camila, Yamila Zarzoso, dijo entre lágrimas frente a las cámaras de televisión: “El médico me trató de mala madre y me dijo que los perseguían porque habían estado robando”. Además de cualquier consideración ética o humanitaria, lo dicho por el médico empieza a formar parte de las falsedades para armar el caso, con la intención de encubrir el crimen.

  La única sobreviviente es Rocío Guagliarello, de 13 años, internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela, donde la derivaron para operarla de urgencia por una laceración en el hígado. El director ejecutivo del Hospital, Gabriel González Villamonte, confirmó que está “con soporte respiratorio y ventilatorio”. La niña está con traumatismo de cráneo encefálico y otro de tórax, con contusión pulmonar. Tiene fracturas de fémur y húmero, pero ante la complejidad de su estado, el médico dijo que “quedan en un segundo plano”. Pero alertó: “Corre riesgo su vida, la preocupación del equipo de salud es darle todos los cuidados para superar las distintas instancias de manera adecuada».

  Los jóvenes eran amigos, se conocían de la Escuela Media de la ciudad, salían a la costanera, rapeaban y andaban en skate.

  El fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó a los medios la balacera policial. «Hay muchísimas grabaciones y elementos suficientes para poder reconstruir las circunstancias que rodearon a este hecho tan trágico. En las filmaciones que tenemos de lo que ocurre dentro del vehículo, los chicos estaban muy contentos, cantando y demás”.

  El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, reconoció que “hubo tiros” y confirmó que se encontró una bala en el cuerpo de una de las víctimas. «El procedimiento estuvo muy mal hecho», admitió.  Anunció que fueron desplazados 12 policías, algunos de alto rango. Dos policías están detenidos y cinco tienen orden de captura. Familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil llamaron a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo, este viernes, a las 17 horas, en apoyo a las familias de lxs niñxs asesinadxs.

  Doctrina Bullrich

  La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) tomó intervención a las pocas horas de los hechos. La abogada y referente de la organización, María del Carmen Verdú, dice a lavaca: “Si tomamos el segmento de hasta 25 años de edad como el primer grupo etario afectado por la represión estatal y por hechos que ocasionan la muerte, hay que pensar que la mitad de ellos ocurren en lugares de detención, que ya te ponen la vara de 18 años para arriba, o de 16, si es que incluimos casos de institutos de menores. Pero si sólo tomamos casos de gatillo fácil, tenemos un tope de 17 años. O sea que lo que vimos en San Miguel del Monte, con cuatro chicos muertos, te confirma que hay una tendencia de víctimas cada vez más jóvenes de la violencia policial”.

  En marzo, Correpi presentó su Informe Anual sobre las víctimas del 2018. El diagnóstico es aterrador: una persona muerta cada 21 horas por la represión estatal. El 51% de los casos ocurrió en la provincia de Buenos Aires. “Es el gobierno más represor desde 1983”, sintetiza el trabajo.

  Los datos: en tres años de la gestión Cambiemos, un total de 1303 personas fueron asesinadas, lo que representa un 20% del total de casos contabilizados por la organización desde diciembre de 1983.

  A pesar de las desafectaciones anunciadas por Ritondo, Verdú apunta que estas muertes no deben leerse como un hecho aislado, sino como una condición sistémica del aparato represivo del Estado, azuzado por las políticas encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El descaro total y absoluto tiene que ver con la orden explícita del gobierno nacional de salir a disparar frente a cualquier circunstancia. Es el resultado directo del cumplimiento de la orden que implica la doctrina Chocobar (el policía que mató a un delincuente que se encontraba indefenso), la resolución 956 del año pasado (que reglamenta el uso de armas de fuego, leída por los organismos como una “legalización” del gatillo fácil) y el proyecto del Código Penal que incorpora los términos de impunidad de esa resolución en el artículo de causales y justificación de actos ilícitos”.

  La abogada Verdú apunta que Correpi brindará todo el soporte político y técnico que las familias requieran.

  -¿Qué puede decirse de este caso concreto?

  -Todo lo que dijo la policía es falso. La primera imputación que hizo hace dos días la fiscalía fue por falsedad ideológica e instrumento público, porque ya ahí tuvo por probado que lo que se puso en el acta de procedimiento es falso. No hubo, como argumentan los policías, ninguna situación de vehículo que se da a la fuga después de un alto policial en un retén. La persecución arrancó porque decidieron empezar a perseguir. Punto.

  -¿Qué pudieron ver en el territorio?

  -Causó mucho revuelo a nivel local, sobre todo pensando que es un pueblo chico. Gracias a compañeras y organizaciones, pudimos tomar contacto de inmediato, y estuvimos con las familias, viendo en pantalla ampliada las cámaras de seguridad. Ahí se ve perfectamente el patrullero persiguiendo el auto con el policía medio cuerpo afuera, a los tiros. Luego, hicieron un acta donde ponían que había sido un accidente de tránsito. Ese fue el primer acto concreto. Pero hoy la propia autoridad municipal reconoció que una de las chicas tiene un tiro en el glúteo. Y no hay más resultados periciales porque el auto está destrozado, y están con lupa buscando encontrar si hay impactos de bala. Pero de lo que no hay ninguna duda es que salieron a cazar como ocurre a diario. Esto no es más que la réplica de tantos casos que trabajamos: patrulleros o vehículos policiales particulares que salen a la caza porque sí y se ponen a disparar. Obviamente, la cuestión de que haya sido un coche con cinco chiquitos, de los cuales murieron cuatro, le da un nivel de estallido máxime. Porque si esto hubiera pasado en La Matanza, los titulares de todos los diarios estarían hablando de la banda de pibes chorros. Esto, en Monte, donde todo el mundo se conoce, no pudo ocurrir.

   

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• José Muíño Domínguez, defensor del fracasado proyecto de la mina de Corcoesto, a un paso de perder la alcaldía en 2019

  Con una causa judicial abierta y tras 16 años «pegado» al sillón municipal tal como denuncian sus críticos, la protesta social contra su gestión y el hundimiento del PP en las elecciones generales vaticinan un posible cambio de rumbo en uno de los ayuntamientos más conocidos de la Costa da Morte coruñesa. Casi 15 puntos. […]

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• El acto de conciliación previo y sin acuerdo en SARGA fuerza la huelga general

  

  Las plantillas y representantes sindicales en la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) han anunciado que continuarán adelante con la convocatoria de huelga para este viernes, tras no lograrse un acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras de la misma en la reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) celebrada el 21 de mayo.

  La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó una primera propuesta de negociación por entender que era totalmente insuficiente ya que dejaba sin resolver numerosas problemáticas planteadas por las plantillas de profesionales.

  Para CGT hay 27 reivindicaciones incuestionables que deben ser asumidas por la empresa antes de anunciar una desconvocatoria de huelga, que pasan por garantizar la estabilidad de las personas trabajadoras, el fin de la precariedad laboral en la empresa, mejoras salariales, respeto de los turnos de trabajo y de descanso, la creación de una Relación de Puestos de Trabajo nueva, la elaboración de un Plan de Igualdad, la regularización de los contratos en fraude de ley, la evaluación de la peligrosidad, penosidad y toxicidad de las labores desarrolladas por los profesionales de SARGA o la implantación de la categoría de “Bombero Forestal” entre otras.

  Otros sindicatos planteaban que al menos cinco de estas 27 reivindicaciones son incuestionables y así lo manifestaron en el SAMA reduciendo drásticamente su pretensiones. Ante esta situación las organizaciones convocantes consideran que la “huelga es inevitable”.

  El primero de los cinco puntos que consideraban irrenunciables era la contratación del operativo contra incendios hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta que los presupuestos prorrogados para este año dan para trabajar 10,1 meses, y se reducirían a 8.

  El segundo es mantener el Complemento de Ajuste Individual de Retribuciones (CAIR) como no absorbible tal y como se fijó el año pasado y que este año la empresa, de forma unilateral y sin negociación, ha decidido modificar, de forma que las subidas salariales para 2019 son “absorbidas” por dicho complemento, lo que la en la práctica lleva a la congelación de los salarios.

  El incremento salarial y de los pluses del 2,25% tal como se recoge en el Decreto 3/2019 de 15 de enero de aplicación para el sector público, conforma la tercera de las reivindicaciones.

  La solución de las 124 alegaciones pendientes a la Relación de Puestos de Trabajo, y una nueva negociación de la misma forman la cuarta.

  Y la quinta y última era la elaboración de un calendario de reuniones para negociar y acordar el resto de demandas pendientes.

  Ninguna de ellas fue atendida por la empresa, que además, según los sindicatos, trata de achacar parte de sus pérdidas al elevado coste laboral. Afirmación que fue rebatida por el representante de CCOO, José Ramón Cajal, que explicó que si en 2018 el presupuesto para 10,1 meses de media de contratación del personal era de 21,5 millones de euros y este año el presupuesto, dado que está prorrogado, es el mismo pero la contratación se reduce a 8 meses, el “ahorro” es de 4 millones. Si el incremento salarial (incluidos pluses, complementos, etc.) supone 1,5 millones de euros, existen 2,5 millones que no se van a gastar y que no son imputables a los costes laborales. Teniendo en cuenta, además, que precisamente la pretensión de la empresa es incumplir la ley y “absorber” los incrementos.

  Desde la CGT también se ha señalado que en dicha reunión se pactaron por unanimidad unos servicios mínimos muy coherentes para la jornada de huelga del 24 de mayo, que la empresa rechazó de inmediato, lo que según el sindicato demuestra una vez más la actitud de la dirección ante la negociación con la parte social.

  Por otro lado, desde CGT también han hecho hincapié en un comunicado en la información aportada por el Jefe de Operaciones, Alfonso Bordonaba, quien explicó en términos económicos las razones por las que la empresa considera que, manteniendo el tiempo de contratación del colectivo más damnificado de la empresa -los puestos fijos de vigilancia que trabajan de media 3,5 meses- el recorte se efectuaría sobre las cuadrillas terrestres y autobombas, que trabajarán 8 meses de media en las mismas condiciones de precariedad. Según este responsable de la empresa, “han aparecido” otros 600.000 euros de deuda que se sumarían a los ya conocidos 1.100.000 euros que se camuflaron bajo un “inventario de maquinaria y EPI”.

  “Esta no es una huelga política, tiene exclusivamente un carácter laboral”, señalaba en primer lugar José Ramón Cajal, delegado de CCOO y presidente del Comité Intercentros. Quien basó su afirmación en que ha sido convocada por todas las organizaciones sindicales y es la culminación a una larga serie de movilizaciones emprendidas hace meses. “Y las movilizaciones seguirán gobierne quien gobierne mientras no se atiendan nuestras demandas”, afirmaba en rueda de prensa.

  Además de la huelga general convocada para este viernes, a la que están llamados los trabajadores y trabajadoras de SARGA, se realizará una concentración de protesta a las 12.00 horas frente a la Consejería de Desarrollo Rural, sita en la Plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza. Los sindicatos hacen un llamamiento a toda la sociedad para que apoye la lucha de estos profesionales en huelga por unas condiciones laborales dignas y en defensa de un servicio esencial público y de calidad para la ciudadanía.

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• Villares pon en valor as Mareas locais como a única alternativa progresista nos Concellos

  Denuncia as posturas conservadoras e a falta de iniciativas sociais de PSOE e BNG, e reivindica o compromiso das Mareas co benestar e a xustiza social

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